La constatación cotidiana de un fenómeno de carácter estructural y globalizado –la desigualdad en las relaciones de poder entre mujeres y hombres se produce en todos los lugares del mundo- precisa del compromiso permanente del conjunto de la sociedad civil, administraciones e instituciones, con actuaciones que hagan posible un cambio en los valores y pautas culturales introduciendo un nuevo escenario social basado en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de igualdad entre mujeres y hombres.
El Estado español no escapa a esta situación generalizada por lo que es urgente dar respuestas adecuadas y efectivas para eliminar esta lacra social que en lo que va de año se ha cobrado la vida de 57 mujeres.
Tres años después de la entrada en vigor de la Ley Integral contra la violencia de género, hay un claro reconocimiento, tal como se muestra en el reciente balance del impacto de la ley realizado por el Gobierno, del intenso trabajo desarrollado: refuerzo de instituciones específicas, recursos asistenciales y económicos, reconocimiento de derechos, avances en la formación y sensibilización de los distintos profesionales y ámbitos implicados -sociales, jurídicos, sanitarios, policiales, etc. Ilustración: Cristina Fernández Bustos
Balance positivo que, sin embargo. no puede excluir una posición crítica y constructiva, que exige una revisión permanente de los recursos y medidas contemplados, para avanzar en las necesarias mejoras en la aplicación de la norma, que hagan posible el objetivo último de la Ley que es evitar el dramático goteo de nuevas víctimas que como una losa pesan en la sociedad española.
Una aplicación eficaz de la norma que debe visualizar los déficits existentes y que pasa por el refuerzo de los recursos materiales y humanos y una mayor eficacia en los mecanismos de protección y coordinación judicial, policial e institucional; tanto en el ámbito estatal como desde las Comunidades Autónomas y las entidades locales.
Un aspecto claramente insuficiente está referido a la formación en materia de violencia de género que debe llegar a todos los sectores judiciales implicados así como a los agentes, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y autonómicos, profesionales sanitarios, funcionarios de juzgados, etc.
De vital importancia para la prevención de la violencia es la integración de la igualdad en los contenidos curriculares y la garantía de formación inicial y permanente al conjunto de profesionales del ámbito educativo.
También es necesario acentuar la prevención y la atención en el ámbito sanitario y servicios sociales con la mejora de la detección de la violencia desde los servicios de salud de atención primaria y la garantía de la atención psicológica a las mujeres víctimas de violencia.
Es necesario un análisis exhaustivo de los distintos mecanismos y eslabones que fallan en la cadena de protección ya que los datos nos dicen que han muerto mujeres, a pesar de tener orden de protección. Es necesario garantizar la asistencia jurídica y social de forma que la mujer esté informada de los derechos y medidas que puede solicitar.
En definitiva, para que las medidas y planes contra la violencia de género logren sus objetivos es necesario que el conjunto de profesionales que atienden, asisten y asesoran a las víctimas, puedan desempeñar eficaz y efectivamente su trabajo, de manera que redunde en beneficio del amparo, protección y seguridad de las agredidas. Es necesario para ello que las administraciones públicas garanticen los recursos suficientes en formación, infraestructuras y servicios.
Comisiones Obreras valora muy positivamente el reconocimiento legal de derechos laborales y de seguridad social para las víctimas de violencia de género, garantía de derechos absolutamente necesaria para que las trabajadoras puedan afrontar, sin dificultades añadidas, una posible situación de violencia de género. Si bien, en el análisis de la información estadística disponible, tanto en relación al desarrollo de medidas para el fomento de empleo como en el uso del derecho a la prestación o subsidio por desempleo, observamos con preocupación un escaso impacto y efectividad de la medidas, lo que nos alerta de la posibles dificultades en el acceso a la prestación o bien un posible desconocimiento del derecho.
En este sentido recordar que la Ley integral hace mención expresa en su Art. 22 a la realización de un Programa Específico de Empleo para víctimas de violencia de género inscritas como demandantes de empleo, que aún no ha sido puesto en marcha.
Consideramos que hay que hacer un esfuerzo común importante, por parte de todas las administraciones y organismos sociales implicados, para difundir la información sobre medidas y derechos, así como para garantizar plenamente su uso por parte de las trabajadoras víctimas de violencia.
En el ámbito internacional Comisiones Obreras valora la reciente resolución del Consejo de Seguridad de NN.UU. que considera delito contra la humanidad las violaciones y abusos sexuales de mujeres y niñas durante un conflicto armado, y los incluye como crímenes de guerra y califica como un componente del genocidio. Así mismo Comisiones Obreras denuncia los integrismos religiosos o culturales que toleran o justifican la violencia de género e insta a las autoridades y organismos responsables a combatirla actuando contra la feminización de la pobreza, la exclusión social y la explotación sexual.
El compromiso de Comisiones Obreras:
CONSTRUIR LA IGUALDAD ES PREVENIR LA VIOLENCIA
Comisiones Obreras, como forma de avanzar en una mayor sensibilización y compromiso sindical contra la violencia machista llama, al conjunto del sindicato de hombres y mujeres, a movilizarse en todos los centros de trabajo, mediante la denuncia permanente y la manifestación pública de repulsa ante cada nuevo caso de violencia de género que se produzca como violación de los derechos fundamentales de las mujeres.
Comisiones Obreras impulsa permanentemente la difusión de medidas y derechos en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y contra la violencia hacia las mujeres, mediante la formación y sensibilización a negociadores de convenios colectivos, responsables sindicales y trabajadoras y trabajadores en su conjunto para asegurar la garantía de los derechos laborales y sociales legalmente reconocidos a las trabajadoras víctimas de violencia de género.
Comisiones Obreras refuerza el papel fundamental de la acción sindical y la negociación colectiva en la difusión y sensibilización de las medidas recogidas en la Ley integral contra la violencia, garantizando y mejorando en su caso, en convenios colectivos o mediante acuerdos o protocolos con empresas, los derechos relativos a las condiciones que regula.
Comisiones Obreras impulsa el desarrollo de políticas de igualdad que favorezcan los necesarios cambios en los valores y actitudes sociales y contribuyan a una mayor sensibilización y actuación para avanzar en el tratamiento, prevención y erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, entre ellas, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el ámbito laboral.
Comisiones Obreras reitera su implicación y compromiso en la eliminación de la violencia de género reforzando su colaboración con el conjunto de las administraciones públicas y distintos actores sociales implicados, entendiendo que es un problema social ante el que debemos tomar parte activa, contribuyendo en los distintos ámbitos de actuación, a la puesta en marcha de medidas que permitan la prevención y erradicación de esta lacra social de discriminación extrema contra las mujeres.
Comisiones Obreras hace un llamamiento a la participación en las distintas movilizaciones que las organizaciones de mujeres, sociales y sindicales, convoquen el 25 de Noviembre en todas las ciudades del Estado, para manifestar nuestro compromiso en la denuncia y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Secretaría confederal de la Mujer de CCOO
Noviembre 2008