La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO se ha dirigido al Gobierno, a través del Ministerio de la Presidencia, para trasladarle su preocupación por el nuevo escenario presupuestario dibujado por el Ejecutivo tras el pasado Consejo de Ministros. Además de las medidas relativas a la jubilación anunciadas el pasado 29 de enero, se incluyeron consideraciones para la reducción del gasto público relativas a la Oferta de Empleo Público que, en opinión del sindicato, dificultan el cumplimiento de las medidas recogidas en el citado acuerdo para la reducción de la temporalidad o el mantenimiento de los servicios públicos esenciales.
CCOO considera que, en momentos de especial dificultad como el actual, la existencia de unos servicios públicos de calidad es una exigencia de la ciudadanía. Por ello, es necesario compaginar una eficiente asignación de recursos públicos, gestionados y aplicados solventemente, con una garantía para el reforzamiento de las políticas públicas en tiempos de crisis, lo que, según CCOO, ha de garantizarse a través del diálogo social y la negociación colectiva en las administraciones públicas.
El sindicato recuerda al Gobierno que cuando se realizó la programación económica para 2010 ya se conocía bien el alcance de la crisis y las dificultades para la recuperación. Una recuperación a la que el acuerdo contribuía, según la opinión emitida entonces tanto por las organizaciones sindicales firmantes y por las valoraciones realizadas por el propio Ejecutivo.
CCOO trasladará la semana próxima estas preocupaciones a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, a quien reclamará igualmente que el Ejecutivo mantenga su compromiso de impulsar el desarrollo del Estatuto Básico, promulgado hace dos años, así como que sean tenidos en cuenta -en la reducción del gasto que habrán de realizar las distintas administraciones- los compromisos sobre empleo, jubilación parcial y garantía del mantenimiento del poder adquisitivo de los empleados públicos, adquiridos con más de 2,5 millones de trabajadores y trabajadoras en los acuerdos de 25 de septiembre del pasado año.