Los recortes, privatizaciones de los servicios públicos y las reformas laborales impuestas por los gobiernos del PSOE y PP han dejado 6 millones de personas en situación de desempleo en España. En la Comunidad de Madrid, desde finales de 2007, se han destruido 391.800 empleos de los que 150.300 estaban ocupados por personas menores de 25 años. Cinco años de crisis han dejado en la Comunidad de Madrid 665.800 personas desempleadas, el 55% de ellas sin ningún tipo de prestación o ayuda.
En este contexto, a la pobreza estructural de la Región se suman las nuevas realidades generadas por la crisis. La pobreza alcanza ya al 16% de la población, más de un millón de madrileños y madrileñas son pobres, aumentando considerablemente los riesgos de exclusión social. El 63% de los hogares tienen dificultades importantes para llegar a fin de mes, lo que refleja que la sociedad madrileña es cada vez más vulnerable y está expuesta a situaciones de mayor riesgo social.
Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de poner en marcha un Plan de Choque que establezca medidas de protección a las personas con mayores dificultades, que están siendo atacadas de manera brutal por las medidas de ajustes y recortes, y genere empleo como única salida para revertir la situación actual.
Medidas que sean eficaces en al plazo de un año, revisables anualmente en caso de persistir las necesidades que motivan este Plan, que dispongan de los recursos y presupuesto económico suficientes, utilizando los instrumentos de participación y control establecidos en la “Declaración por el Empleo y el Dialogo Social en la Comunidad de Madrid”, suscrito por CCOO, UGT y la CEIM el 8 de febrero de 2012.
ACTUACIONES
Este Plan de Choque debe incidir en los siguientes aspectos:
- Ayuda y protección social a las personas y familias sin ningún tipo de cobertura en situación de riesgo social.
- Freno a la actual destrucción de empleo.
- Creación de empleo directo.
- Inserción laboral de los colectivos con más dificultades.
MEDIDAS A ADOPTAR
Para la consecución de los objetivos antes señalados proponemos la adopción urgente de las siguientes medidas:
- Creación de un PLAN EXTRAORDINARIO DE GARANTÍA DE RENTAS (PGR) dirigido a personas desempleadas y sus familias, vinculado a la carencia de recursos económicos. El ingreso básico (IBA) ó el PGR tendrá una cuantía de 400 euros/mes como prestación individual, ampliable en función del número de personas a cargo. Las personas beneficiarias deberán encontrarse en situación de paro de larga duración (al menos un año) y haber agotado prestaciones al menos 6 meses antes de solicitar la prestación. El tope máximo a percibir por unidad beneficiaria será de 1,5 veces el IPREM. El periodo máximo de percepción será de 6 meses. La duración del PROGRAMA/PLAN será de 1 año prorrogable.
- Activación y mejora de la RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN (RMI). Revisión y adaptación de la normativa reguladora a las nuevas realidades sociales. Agilización de los procedimientos y aplicación de criterios aperturistas en la gestión.
- Puesta en marcha de un COMPLEMENTO ADICIONAL DE EMERGENCIA SOCIAL. Este complemento tendrá un importe máximo de dos cuantías básicas de la RMI, destinado a dar cobertura a situaciones de extrema necesidad. El CAES irá destinado tanto a perceptores del Ingreso Básico como de la Renta Mínima, que acrediten las circunstancias para su adjudicación. Plazo de un año prorrogable.
- Ayudas a las familias con dificultades económicas por la pérdida de empleo de alguno de sus miembros y que no cobren prestaciones o carezcan de ingresos, entre la que se proponen:
- Avales públicos para la financiación de la deuda de las familias, en especial las relacionadas con el acceso a la vivienda protegida, moratorias en el pago de las cuotas hipotecarias sin la generación de intereses de demora
- Becas para comedor y escuelas infantiles. Gratuidad en caso de que todos los miembros estén en paro.
- Gratuidad de los libros y material escolar.
- Moratoria en las tasas e impuestos, especialmente el IBI y los vinculados a necesidades básicas.
- Abono por parte de la Comunidad de Madrid de las tasas de matrícula para la universidad y la Formación Profesional.
- Fomento del alquiler social. Puesta a disposición de las personas o familias con dificultades de alojamiento, de viviendas vacías de Titularidad y gestión públicas a cambio de un alquiler mínimo, que en ningún caso podría superar el 30% de los ingresos totales de la unidad familiar.
- Derecho a la movilidad y al transporte gratuito para las personas en desempleo que hayan agotado las prestaciones o subsidio con el objeto de facilitar la búsqueda de empleo.
- Creación del Abono Social, equivalente al actual Abono de Tercera Edad, para las personas cuyos ingresos sean inferiores a una vez el IPREM.
- Frenar la destrucción de empleo en los servicios públicos, impulsando y potenciando su actividad como medida generadora de empleo.
- Desarrollo de la Garantía Juvenil, en cumplimiento de la Recomendación de la Comisión Europea a los Estados Miembros, para que las personas menores de 25 años reciban una buena oferta de empleo, educación continua o prácticas, en un plazo no superior a cuatro meses tras quedar en situación de desempleo o acabar la educación formal.
- Establecimiento de itinerarios de inserción para las personas con mayor índice de desempleo o mayores dificultades inserción (jóvenes, mayores de 45 años, parados/as de larga duración, etc.). Creación de programas específicos y talleres de empleo dirigidos a formar en profesiones relacionadas con las nuevas tecnologías, medioambientales, atención a las personas, etc. Compromiso de un porcentaje de colocación en las entidades públicas beneficiarias u otras entidades con las que se suscriban convenios de colaboración.
- Pago inmediato de la deuda generada por la Administración Autonómica con los Centros Especiales de Empleo, asegurando su sostenibilidad y el mantenimiento del empleo de las personas con discapacidad.
- Establecer en el servicio público de empleo un sistema de clasificación de demandantes en función de características personales y profesionales, jóvenes sin cualificación, parados de más de dos años y por sectores que facilite su inserción laboral.
- Crear "Viveros de Empresas Municipales" para personas desempleadas que culminen un itinerario de inserción laboral del servicio público de empleo y decidan comenzar una actividad a través del autoempleo. Puesta a disposición de locales de titularidad pública vacíos.
- Creación de microcréditos para la financiación de proyectos de emprendimiento generadores de empleo. Entre 6.000 y 12.000 euros con un plazo devolución de 5 años sin intereses.
- Recuperar el programa de contratación en las Corporaciones Locales y organismos públicos de personas desempleadas sin prestaciones, preferentemente jóvenes menores de 30 años y mayores de 45 años de larga duración para la realización de obras y servicios de interés general, que sustituya a la medida puesta en marcha en la Comunidad de Madrid en la que se obliga a participar en trabajos temporales de colaboración social a las personas que cobran prestaciones o subsidios por desempleo.
- Vigilancia y control de los Expedientes de Regulación de Empleo por parte de la autoridad laboral para evitar el abuso y la utilización irregular de los mismos tras la Reforma Labora de febrero de 2012, especialmente en empresas que hayan obtenido beneficios en el ejercicio anterior y/o en aquellas que hayan recibido subvenciones públicas para incentivar el empleo.
- Intensificar los controles de la Inspección de Trabajo para combatir la economía irregular, con especial atención en los sectores y colectivos de mayor incidencia, posibilitando así la creación de empleo seguro y con derechos.
- Desarrollo urgente de los procedimientos de reconocimiento de las competencias adquiridas por la experiencia laboral y por vías no formales de formación tal y como dicta la LO 5/2002 de las Cualificaciones y sus posteriores desarrollos normativos.
- Desarrollar programas específicos de formación profesional para menores de 30 años que contemplen acciones dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad.
- Establecimiento de programas de recualificación dirigidos a personas desempleadas en situación de paro de larga duración ó mayores de 45 años mediante procesos intensivos y de corta duración en sectores con posibilidades de empleo.
FINANCIACIÓN DEL PLAN
Para la financiación de este Plan es imprescindible que el Gobierno Regional dé un giro a su política fiscal, buscando prioritariamente un incremento de los ingresos y una distribución más justa de la riqueza.
Proponemos las siguientes actuaciones:
Reversión a 2005 del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, excepto los mínimos establecidos…………………………………………………………………... 215 mm. de €/año.
Recuperación del Impuesto de Patrimonio...……………...................….…. 350 mm. de €/año.
Programa de lucha contra el fraude fiscal..……………….................………. 54 mm. de €/año.
Eliminación de la desgravación, en el IRPF, de las ayudas a la escolarización en centros privados ……………………………………………………………..........……..……… 90 mm. de €/año.
Total financiación para 2013 ………………………..……..........……….. 709 mm. de €