Entrevista publicada en el periódico Voces de Pradillo a Silvia Román, trabajadora social del Ayto. de Móstoles y delegada sindical de CCOO en el Comité de Empresa
Se
dispara el número de personas que acuden a servicios sociales y cambia
el perfil, ahora más relacionado con personas que no habían pasado nunca
por dispositivos de atención social.
"A duras penas logramos hacer una labor de contención de la miseria."
Silvia
nos recibe en el nuevo centro de servicios sociales de Móstoles, un
"edificio inteligente" a las afueras del municipio, de difícil acceso y
alejado del grueso de la población de Móstoles en el PAU IV.
Móstoles,
con una población aproximada de 250.000 personas, cuenta con 34
trabajadoras sociales.
De ellas, aproximadamente la mitad son interinas y
en el año 2012 atendieron 12.422 casos (más de 360 casos por
profesional). A esto hay que sumar el hecho de que, si bien antes las
valoraciones para la ley de dependencia las realizaba la Comunidad de
Madrid, en la actualidad han echado a los equipos de valoración y su
labor la realizan ahora estas mismas trabajadoras de Móstoles, que han
recibido para ello un curso de formación de cinco días. De sus
valoraciones depende la atención o no a un gran número de personas que
solicitan las ayudas por situación de dependencia. Sólo en 2012 se han
presentado cerca de 1.700 solicitudes de valoración. Recordemos, 34
trabajadoras.
El
impacto de la crisis se deja sentir tanto en el aumento de las
solicitudes de ayuda como en las características de las personas que las
solicitan. Según Silvia, el perfil actual sería el de personas de entre
30 a 50 años de edad, en desempleo de larga duración (con o sin
prestaciones), familias que no habían acudido nunca a servicios sociales
y que lo hacen ahora por pérdida de la vivienda, situaciones
convivenciales conflictivas o que no disponen de capacidad para cubrir
necesidades básicas de subsistencia. Su nivel de estudios sería medio
bajo.
"También
hemos percibido un aumento en el número de demandas de ayudas de
emergencia social, destinadas a vivienda, transporte para apoyar la
búsqueda de empleo, pagar la luz, medicamentos, etc…", en el relato de
estas situaciones que hace esta trabajadora social y miembro del comité
de empresa del Ayuntamiento de Móstoles empiezan a aparecer rostros y
situaciones concretas: "Acuden inmigrantes sin tarjeta sanitaria,
personas con enfermedades crónicas como cáncer, VIH o diabetes que no
tienen cobertura médica a pedir ayudas para poder comprar medicamentos o
vacunas para bebés."
Hasta
hace aproximadamente un año, la estructura de atención de estos
servicios estaba organizada en una primera línea de atención que
posteriormente derivaba hacia grupos especializados (Empleo, Mayores,
Familia, Renta Mínima, etc…) pero en la actualidad se ha perdido esa
especialización y cada trabajador social atiende todo tipo de
problemática indistintamente, exceptuando el programa de familia que
mantiene seis trabajadores sociales, un asesor jurídico y tres
psicólogos entre el personal municipal y el que aporta una empresa
privada.
La
Renta Mínima de Inserción es una prestación económica destinada a
satisfacer las necesidades básicas de alimentación para aquellas
personas que no dispongan de medios propios, subsidios o ayudas que les
permitan alimentarse y reúnan una serie de requisitos legales. "El plazo desde que se solicita esta ayuda hasta que se empieza a cobrar lo tenemos actualmente en catorce meses", nos traslada Silvia cuando preguntamos por la eficacia de estas ayudas.
Preocupada
especialmente por la situación de la vivienda para las personas más
vulnerables, expone la situación de los pisos del IVIMA, una institución
pública que gestiona viviendas públicas en el PAU IV, cuyos ocupantes
son principalmente perceptores de renta mínima y población en dificultad
social. "Antes el IVIMA ofrecía alquileres bastante asequibles y
ayudas económicas siempre que no se tuvieran deudas, por ejemplo en el
pago del IBI. Ahora esas ayudas ya no se renuevan y el IVIMA ha vendido
los pisos a empresas privadas como Martinsa-FADESA que únicamente se han
comprometido a mantener estas condiciones asequibles durante los
próximos cinco años, después podrán hacer lo que les parezca con las
viviendas y mucho me temo que la población que las necesita no podrá
acceder a ellas con las nuevas condiciones."
Ante
la falta de alternativas y apoyos, y viendo lo que en su opinión
constituye una involución en materia de protección del derecho a la
vivienda, Silvia reconoce, como otras muchas trabajadoras sociales de
Madrid, que ha recomendado a usuarias buscar apoyos en STOP Desahucios y
la Plataforma de afectados por las hipotecas.
Se da así la paradoja
siguiente, mientras la parte de la administración que trabaja a pie de calle
con el daño social tiende puentes con los movimientos sociales y la sociedad
civil organizada, otra parte de la misma administración, reprime, multa y detiene
a quienes intentan impedir desahucios y proteger los derechos de las personas
afectadas por las políticas bancarias y estatales que convierten el derecho a
la vivienda en papel mojado.
Gente que duerme en la calle.
Abordamos
también la situación de los sin techo, personas que se encuentran
viviendo en la calle. Preguntamos por qué Móstoles no cuenta con un
albergue similar a los que hay en el centro de Madrid para atender a
estas personas.
"La
política municipal ha sido siempre la de no abrir ningún albergue
argumentando que tendría un "efecto llamada" que no es deseable, por lo
que la gente que vive en la calle, o duerme también en ella o se van a
Madrid a algún albergue.
La
Fundación RAIS, hace un seguimiento de 115 personas en esta situación
en Móstoles. Antes se disponía de dos pisos que atendían con tres
educadores y un trabajador social a unas cuantas personas pero hace
aproximadamente un año, los cerraron. En la actualidad sólo quedan dos
pisos gestionados por Cruz Roja pero son de paso, no de estancia, hasta
que se les pueda encontrar algún recurso en otro lado."
Para
comer existe un restaurante municipal cuyo presupuesto corre también a
cargo de servicios sociales y al que en la actualidad acuden más de
quinientas personas diarias, además del comedor de San Simón de Rojas.
En el restaurante municipal se ofrece la posibilidad de recoger la
comida en un tupper por un euro, para evitar así que los niños y niñas
que acuden se perciban a sí mismos como excluidos en un ambiente
bastante áspero.
Estado anímico de los profesionales que atienden esta realidad.
Preguntamos a
Silvia, para terminar, como se gestiona este contacto diario con el dolor
y el daño social, por el estado anímico de las personas que trabajan en los
servicios sociales de Móstoles.
"Es
muy complicado, se viven diariamente situaciones de muchísima dureza.
Ante la falta de respuesta muchos usuarios se frustran y enfadan. A
veces tiene que venir la policía. Para nosotras es muy duro pues tampoco
podemos ofrecer lo que no tenemos. Hay compañeras afectadas por toda
esta conflictividad, con ansiedad y que se sienten poco amparadas por la
administración, cuando alguien se pone de baja esa baja no se cubre, su
trabajo se reparte entre las demás. Además cargamos como el resto de
funcionarios con recortes salariales, eliminación de pagas, etc…con lo
cual tampoco percibes un reconocimiento del trabajo que realizas. La
verdad es que aunque trabajamos mucho y muy duro, a duras penas podemos
realizar una labor de contención de la miseria."