20-10-2011. El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha señalado que "estamos ante una reedición del viejo, viejísimo programa máximo reivindicativo de los sectores más retardatarios de la patronal española", en referencia a las propuestas de la patronal CEOE de reducir cotizaciones e impuestos a los empresarios, moderar salarios, abaratar aún más el despido, o introducir el copago en los servicios públicos.
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| Ignacio Fernández Toxo |
Toxo ha declarado que las propuestas de CEOE "no favorecerían en nada el desarrollo económico, que es lo que necesita el país para generar empleo, ni un clima de diálogo que me parece fundamental".
A su juicio, resulta "absolutamente desenfocado" reclamar una nueva ley de huelga "cuando la conflictividad en España se ha reducido a mínimos desconocidos". También ha criticado que la patronal pida reducir impuestos y cotizaciones sociales, porque pondría en riesgo "la estabilidad presupuestaria y el sistema de seguridad social", y que al mismo tiempo exija más ayudas a las empresas.
"Me parece sencillamente inaceptable la posición que lleva directamente al desmantelamiento de elementos tan importantes como la sanidad pública y la educación pública, al mismo tiempo que se apuesta descaradamente por potencial la iniciativa privada", ha subrayado.
Las propuestas de la CEOE son las siguientes:
El despido improcedente para los nuevos contratos indefinidos se rebaje a 20 días (de los que 8 los abonaría el FOGASA) y el procedente "a 12 días o nada".
La reducción del déficit público ha de hacerse mediante recortes en el sector público.
Fijar un copago en la sanidad y la justicia.
Piden centrar el ajuste en los gastos corrientes para que los recortes no afecten a la inversión pública, especialmente la destinada a infraestructuras, que es lo que les da beneficios.
Reducir "sustancialmente" las cotizaciones a la Seguridad Social y el impuesto de sociedades.
Las propuestas de la CEOE son las siguientes:
El despido improcedente para los nuevos contratos indefinidos se rebaje a 20 días (de los que 8 los abonaría el FOGASA) y el procedente "a 12 días o nada".
La reducción del déficit público ha de hacerse mediante recortes en el sector público.
Fijar un copago en la sanidad y la justicia.
Piden centrar el ajuste en los gastos corrientes para que los recortes no afecten a la inversión pública, especialmente la destinada a infraestructuras, que es lo que les da beneficios.
Reducir "sustancialmente" las cotizaciones a la Seguridad Social y el impuesto de sociedades.